Por la Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud; En el dictamen jurídico dirigido a la Dirección General de Salud Materno Infantil y Planificación Familiar; “La niña embarazada; Dado que el funcionario público que detecta el embarazo no puede saber si la víctima es resultado de una conducta sexual basada en la fuerza, amenaza, fraude o cualquier otra razón que afecte la voluntad, o basada en relaciones sexuales consentidas, se determina que las mujeres embarazadas bajo el mayores de 18 años que no tengan matrimonio oficial acuden a instituciones y organismos de salud. Se indicó que "en caso de notificación a las unidades judiciales se requiere".
En 2009, la Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud; Reevaluó el tema y cambió de opinión debido "a la seguridad del personal de salud en la práctica y a las consecuencias negativas del seguimiento de las mujeres embarazadas menores de 18 años, que se encuentran en el grupo de embarazadas de riesgo". Según este punto de vista; “Cuando las mujeres embarazadas menores de 18 años que no tengan matrimonio oficial soliciten a las instituciones y organizaciones públicas de salud, todas aquellas que no hayan cumplido los 15 años (con o sin consentimiento) y las que hayan cumplido los 15 años, si existe fuerza, amenaza, dolo o cualquier signo que afecte la voluntad, afirmó que ha llegado a la conclusión de que "se debe denunciar a las autoridades judiciales". Sin embargo, el perito en medicina forense debe decidir sobre cuestiones como la existencia de un trauma físico y/o psicológico, si el niño tiene un nivel de inteligencia psicológica y cognitiva adecuado a su edad, y si puede defenderse física y psicológicamente de este factor. . Al tomar esta decisión, el especialista en medicina forense también puede tomar una decisión con un enfoque multidisciplinario y holístico, después de consultar a un psiquiatra infantil y, si es necesario, a un cirujano y ginecólogo pediátrico, después de varias entrevistas y exámenes. tomar la iniciativa de no informar un caso forense haciendo una evaluación tan importante causa muchos problemas médicos y legales, como la falta de gestión de los casos según un enfoque y algoritmo científicos, pérdida de derechos, impunidad del criminal y pérdida de tiempo. para la opción del curetaje, lo que resulta en pérdidas adicionales. Lo más importante es que hará que se pase por alto el abuso infantil.
Por otro lado, denunciar el abuso infantil no es sólo deber del médico. En los casos en que los trabajadores sociales, enfermeras, otro personal sanitario, empleados públicos como profesores, orientadores o incluso ciudadanos no cualificados tengan conocimiento de que se ha cometido un delito, tienen la obligación de denunciarlo, y si no lo hacen, hay una sanción penal. El Código Penal turco es claro a este respecto:
Delito de no denunciar el delito
En el artículo 278 del Código Penal turco, Se considera delito la no denuncia de un delito en curso ante las autoridades competentes.La responsabilidad prevista en esta disposición/en caso de incumplimiento es válida para todos, no para ningún profesional o cuerpo de seguridad. En consecuencia, toda persona que tenga conocimiento de que se está cometiendo un delito y de que continúa ejecutándose está obligada a informar de esta situación a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, al fiscal u otras autoridades especificadas por la ley. Artículo 278 del TCK – (1) La persona que no denuncie a las autoridades competentes un delito que se esté cometiendo será castigada con pena privativa de libertad de hasta un año. (2) La persona que no denuncie a las autoridades competentes un delito que se haya cometido cometido, pero cuyas consecuencias aún son posibles de limitar, será castigado de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior. (3) Si la víctima es un niño menor de quince años, una persona física o mentalmente discapacitada o alguien que no puede defenderse debido a su embarazo, la pena que se impondrá de conformidad con los párrafos anteriores es aumentó a la mitad y también impone a sus empleados y profesionales de la salud el deber de denunciar el delito. La cuestión ha sido sancionada por una normativa legal separada sobre la materia. Por este motivo, si los profesionales de la salud, que pueden o no ser funcionarios públicos, “tienen conocimiento” de que se ha cometido un delito en el ejercicio de sus funciones o en el ejercicio de su profesión, están obligados a comunicarlo a las autoridades competentes. denunciarlo, pueden ser castigados de acuerdo con el artículo 279 o 280 del Código Penal turco, según corresponda:
La regulación relativa a la falta de denuncia del delito por parte del funcionario público está incluida en el artículo 279: (1) Afirma que se ha cometido un delito que requiere investigación y enjuiciamiento en nombre del público en relación con su deber. El funcionario público que tenga conocimiento del delito y omita notificar a las autoridades competentes o se demore en hacerlo, será reprimido con prisión de seis meses a dos años. (2) Si el delito es cometido por una persona que desempeña funciones de ejecución de la ley, la pena que se impondrá de conformidad con el párrafo anterior se incrementará a la mitad. La denuncia/notificación de hechos judiciales debe realizarse al fiscal o a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. Un funcionario de salud pública tiene el deber de denunciar a la autoridad competente todos los delitos que requieran investigación y enjuiciamiento en nombre del público y de los que tenga conocimiento en relación con sus funciones. Sin embargo, el funcionario público no tiene tal obligación para los delitos basados en denuncias. Los delitos que son objeto de investigación y enjuiciamiento mediante denuncia se indican en la disposición penal correspondiente. Por ejemplo, de la denuncia depende el seguimiento de casos simples de lesiones causadas por negligencia y de casos calificados que no se cometen por negligencia consciente.
Reglamento relativo a los profesionales sanitarios ( médico, odontólogo, enfermero, etc.) Artículo 280 : (1) El profesional de la salud que no informe la situación a las autoridades competentes o se demore en hacerlo, a pesar de encontrar indicios de que se ha cometido un delito en el desempeño de sus funciones. en su deber, es reprimido con pena privativa de libertad de hasta un año. (2) Salud El término "profesional" significa médicos, dentistas, farmacéuticos, parteras, enfermeras y demás personas que presten servicios de salud.
Respecto En el ejercicio de profesiones de la salud, los empleados públicos son acusados de delitos como asesinato, lesiones intencionales, tráfico de órganos, maltrato infantil, etc., el profesional de la salud debe informar a las autoridades competentes. Si un funcionario público o personal de salud se retrasa en informar, igualmente se considerará que ha cometido un delito. La ley no establece ninguna regulación sobre la forma de notificación. La notificación podrá realizarse por cualquier medio.
No obstante, sería adecuado realizar la notificación por escrito para acreditar que el personal sanitario ha cumplido con su obligación de notificación. La persecución de la persona que cometió el delito de no denunciar el delito no depende de la denuncia. Cuando el fiscal tenga conocimiento del delito lo investigará de oficio. Además, cuando el delito tenga relación con el ámbito judicial, el autor no podrá beneficiarse de la protección prevista en la Ley N° 4483 y el artículo 53/c de la Ley N° 2547. En otras palabras, ya sea que esté sujeto a la Ley YÖK o a la Ley N° 4483, Si un trabajador de la salud comete este delito, aunque sea personal sujeto a la ley, la fiscalía es la autoridad competente para investigar. La investigación será llevada a cabo por el fiscal sin necesidad de ningún procedimiento de permiso administrativo.
Como resultado, es un problema muy importante que 115 niñas embarazadas solicitaran ser hospitalizadas en un solo distrito de Estambul en los primeros 5 meses del año. Es urgente garantizar que estos casos se traten individualmente con un enfoque científico y eficaz, que se adopten medidas más eficaces y a gran escala contra el problema del embarazo infantil, que se proteja el desarrollo físico y espiritual y la salud de los niños, y que tanto los profesionales sanitarios como los el resto de la sociedad sensibiliza sobre este tema.
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